VENTA DE CASAS EN HONDURAS 2022
Las luces se encendían y solo se escuchaba el sonido de las ollas caer, quizá un par de platos o vasos y el enorme silencio de los tres niños que lloraban sigilosamente mientras se cubrían con una sábana.
A pocos metros estaba una posta policial, pero ni la turbulenta noche, ni la discusión, fueron suficientes para que los policías se asomaran a ver qué pasaba con Johana; los vecinos tampoco hicieron nada.
Pasaron los años. Los tres niños, quienes huyeron de su casa cuando eran unos adolescentes, recuerdan muy bien esos incidentes, pero por el cariño que aún le tienen al hombre que los engendró nunca aceptarán que por más de 10 años su mamá fue víctima de violencia.
Nunca hubo una llamada de auxilio que al menos evidenciara su tormento, aunque posteriormente tampoco hubiera una “forma directa de garantizar que el proceso (de denuncia) llegue a su final”, según dijo a EL HERALDO Diana Guillén, procuradora legal del Centro de Derechos de la Mujer (CDM).
Johana no denunció, aprendió a vivir con su miedo, un miedo silencioso que aún la perturba y calla, incluso mientras su historia se redactaba en estas líneas.
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Al igual que ella, en Honduras hay cientos de mujeres que viven en carne propia el maltrato y agresiones verbales de sus parejas u otros familiares, al punto que en los primeros seis meses de 2020 49,399 personas denunciaron a través de una llamada al 911 que eran víctimas de violencia doméstica o intrafamiliar.
Es decir que, en estos tres meses 23,424 personas denunciaron que fueron víctimas de agresiones por parte de su pareja, padre, madre u otro pariente.
El antiguo Código Penal de Honduras definía la violencia intrafamiliar como el empleo de la fuerza, intimidación o se hace objeto de persecución al cónyuge o excónyuge, a la persona con quien convive o haya mantenido una relación concubinaria o solamente haya procreado un hijo, con la finalidad de causarle daño físico o emocional o dañar sus bienes.
La normativa no menciona nada sobre violencia doméstica, pero establecía penas de dos a cuatro años de prisión. En cambio, el nuevo Código no especifica estos delitos, pero reduce las penas entre seis y 12 meses.
Cuando hablamos de violencia doméstica nos referimos a cualquier tipo de agresión física, psicológica, sexual, patrimonial o económica, que cause dolor, pena, sufrimiento y humillación a la mujer de parte de pareja o expareja, novio o padre de sus hijos. Cada etapa puede durar desde unos segundos hasta varios años.
“El trámite se inicia como violencia doméstica, porque la violencia intrafamiliar es una figura donde la violencia doméstica se ha visto agravada, para ello se debe haber denunciado la violencia doméstica para que entre en vigor la denuncia de violencia intrafamiliar”, explicó procuradora legal del CDM.
La cuarentena comenzó cuando marzo apenas sumaba 16 días del mes, la Secretaría de Seguridad de Honduras decretó el toque de queda con la idea de que nadie circulara, ordenó el cierre de las fronteras y también de negocios.
La economía se paralizó y obligó a miles de hondureños, que diariamente se desplazaban a diferentes partes del país para laborar, a que se quedaran en casa, junto a sus parejas de hogar, hijos y demás familiares.
Solo en ese mes un total 7,940 personas llamaron para denunciar que sufrieron violencia. Esta cifra aumentó significativamente en abril, pues 9,134 personas llamaron al número de emergencias.
Esto significa un 15% más de denuncias de un mes a otro, cuando en Honduras sumaban 45 días del estado de sitio.
“Lo que pasó en marzo fue que con la cuarentena no se había instalado bien la ayuda con el 911, no estaban habilitados los juzgados todavía, pero se inició un proceso para que se le pusiera prioridad a que abrieran estos juzgados, estas fiscalías para que atendieran ese caso; por eso hubo ese desface de aumentarse de marzo a abril”, explicó la experta.
En marzo, no todas las llamadas fueron realizadas durante el estado de sitio, pues el toque inició cuando ya habían transcurrido 16 días del mes. La Unidad de Datos de EL HERALDO pidió la información por día, a través de la solicitud SOL-SNE-29-2020, pero solo enviaron el dato acumulado por mes y se ampararon en la Ley de secretividad.
De los seis meses del año, mayo es el que más denuncias tiene, con 9,150; mientras que en junio nuevamente volvieron a las siete mil.
Para la psicóloga Yenith Amador, la baja de denuncias en junio está relacionada con la reapertura económica y el desembolso del décimo cuarto mes de salario que el Estado y la empresa privada entregaron a inicios de este mes y que coincidió con la reactivación de la economía.
La fase 1 de la reapertura económica, que permitía que el 20% de los trabajadores de las empresas pudieran laborar, mientras que la circulación se organizó a un dígito por día, según la terminación del número de identidad, ocurrió el 8 de junio, dos días después de que la empresa privada y el gobierno comenzaran con la entrega del catorceavo.
Debido a que los datos fueron facilitados por mes y no por día, no se puede medir el impacto diario de la reapertura económica en las denuncias por violencia doméstica durante junio, pero para la experta en psicología el dinero es un alivio en momentos de crisis, como lo es la emergencia por el covid-19.
“Mayormente las víctimas de violencia son niños y niñas, (la violencia doméstica o intrafamiliar) es infringida por ambos padres, tanto la mamá como el papá, incluso cuidadores, abuelos, abuelas, tíos, entonces ese factor económico claro que influye”, dijo.
Amador explicó que las estadísticas también pueden estar relacionadas con la reapertura de las maquilas, mercados y otras zonas donde la mayoría de trabajadores son mujeres, porque es “un sector que se ha incorporado bastante a la economía (durante la cuarentena) y por ende está saliendo de casa”.
La Unidad de Datos de EL HERALDO tampoco pudo comprobar quiénes eran los principales denunciantes, pero la procuradora legal de CDM aseguró que las mujeres son las más vulnerables en estos casos.
La Unidad de Datos de EL HERALDO encontró que de cada diez llamadas que recibe el 911, dos provienen de barrios, colonias o residenciales de Tegucigalpa y Comayagüela.
En segundo lugar estaría San Pedro Sula, donde reside el 12.2% de los denunciantes. Mientras que El Progreso, en el departamento de Yoro, Choloma en Cortés, y Choluteca, al sur de Honduras, tendrían entre el 3.7 y 2.9% del total de las llamadas.
Se trata de cuatro de las principales ciudades del país, donde las medidas por la emergencia sanitaria han sido más rigurosas porque tienen el mayor número de contagios de covid-19.
Por ejemplo, la capital, que suma 9,418 infectados por la enfermedad, registró en enero más de 1,400 denuncias por violencia doméstica o intrafamiliar, pero en mayo la cifra pasó a un poco más de 1,800. Para junio las denuncias cayeron a 1,327.
Lo mismo pasó en San Pedro Sula, que en abril muestra un repunte en las denuncias, pero para junio se redujeron significativamente.
El resto de llamadas por violencia doméstica e intrafamiliar fueron realizadas desde 269 de los 298 municipios del país, es decir que sí existe una cultura de denuncia, pero muchas víctimas prefieren no hacerlo por temor a que la acusación no proceda legalmente.
“En la actualidad estamos en una situación donde si antes era difícil acceder al sistema de justicia, ahorita está siendo triplemente. Ha aumentado la desconfianza de las mujeres para hacer todo este trámite como la ineficiencia para hacer este proceso”, cuestionó la abogada Diana Guillén.
Incluso, afirmó que las autoridades solo están siguiendo el procedimiento administrativo, es decir solo registran la denuncia.
“Si una mujer denuncia y el esposo se retira del hogar, no hay forma de garantizar que esa persona no regrese al hogar para hostigarla, violentarla o hacer otras cosas peores, como amenazas u otro tipo de situaciones”, denunció.
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En muchos casos, esta situación lleva a las mujeres a denunciar continuamente ante el sistema de protección, pero como la justicia no procede “los agresores se sienten confiados”, aseveró.
Según el CDM, hasta mayo de 2020 en el país se habían registrado tres intentos de femicidios, 20 femicidios consumados y 10 casos de violencia sexual, mientras que el Ministerio Público reportó que los casos de violencia doméstica ya superaban los 300.
Hasta el momento se desconoce cuántos de esos casos procedieron y cuántos están pendiente de una resolución.
Denunciar, contárselo a una amiga, amigo o familiar, puede hacer la diferencia entre salvar una vida o dejar que esas situaciones se agraven o, peor aún, que deje una víctima mortal.
“En los casos de gravedad, donde la situación ya rebasa y ponga en riesgo la vida de las mujeres, se le podría dar apoyo para asistirla en una casa refugio. Un consejo también es mantenerse en contacto con personas cercanas, tratar de vincularse con familiares para ayudar”, sugirió Guillén.
En el país existen varias casas refugio para víctimas de la violencia, donde tratan de aislar a los afectados para garantizarle mejores condiciones de vida, lejos de violencia en un hogar donde, seguramente, les prometieron paz, amor y armonía, como le ocurrió a Johana cuando apenas era una adolescente.
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